Ejecutivo y legislativo llegan a un acuerdo
Una de las reacciones a la consulta popular impulsada por el Presidente de Guatemala Ramiro de León Carpio y convocada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a fin de que fuera el pueblo el que decidiera si los diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debían permanecer en s...
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| Lenguaje: | Spanish |
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| Sumario: | Una de las reacciones a la consulta popular impulsada por el Presidente de Guatemala Ramiro de León Carpio y convocada por el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) a fin de que fuera el pueblo el que decidiera si los diputados y magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) debían permanecer en sus cargos, es la del Congreso, el cual elaboró un proyecto de reformas constitucionales, pero los cambios propuestos a la Constitución, fueron fuertemente reprobados por un importante sector, encabezado por el gobierno Carpio adujo que los congresistas no estaban cooperando con las reformas, que buscan reducir sus prerrogativas y facultades y combatir la impunidad y la corrupción de León Carpio agregó que las propuestas de los diputados contienen elementos distorsionantes y buscan defender los intereses sectoriales y partidistas. Debido a la crisis de gobernabilidad la iglesia católica surgió como mediadora y convocó al Legislativo y al Ejecutivo a dialogar en su sede, la Conferencia Episcopal de Guatemala (CEG) ante dicha propuesta la Unión del Centro Nacional (UCN) se retiró del Gran Grupo Parlamentario (GGP), con ello se disolvió la organización que aglutinó a más de la mitad de los diputados, quienes intentaban desplazar a la Democracia Cristiana Guatemalteca y evitar con ello la depuración del Poder Legislativo. Como resultado de las conversaciones se formó una comisión Tripartita, presidida por Monseñor Gerardo Flores, gracias a la participación de los obispos, el Presidente aceptó la participación del Ejecutivo en las mismas y finalmente los diputados aceptaron la propuesta gubernamental de realizar elecciones solamente para la elegirlos diputados. La política gubernamental destinada a la depuración del Legislativo es apoyada popularmente, según se desprende de la encuesta de opinión pública realizada por la firma Aragón y Asociados, la cual dio como resultado que el 76 por ciento de los guatemaltecos están a favor de que se retiren los jerarcas del Congreso y la CSJ. Entre los acuerdos se le hicieron 45 enmiendas a la Constitución, las cuales entrarán en vigencia a partir de marzo o abril con los nuevos acuerdos se espera superar la crisis de gobernabilidad que ha afectado a Guatemala desde mayo de 1993. OB/ALJ |
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| Notas: | Colección Centroamérica |