Naciones Unidas. Consejo Económico y Social. Conclusiones y recomendaciones del informe de la experta independiente, Mónica Pinto, sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, Guatemala, 20 de diciembre 1994
Se ahonda en la política seguida por el poder ejecutivo en materia de derechos humanos durante el año 1994. Se señala que periódicamente el gobierno ha presentado informes bajo el auspicio de las Naciones Unidas se enfatiza en la necesidad de coordinar políticas que aseguren las normas internaciona...
Guardado en:
| Formato: | Texto |
|---|---|
| Materias: | |
| Etiquetas: |
Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
|
| Sumario: | Se ahonda en la política seguida por el poder ejecutivo en materia de derechos humanos durante el año 1994. Se señala que periódicamente el gobierno ha presentado informes bajo el auspicio de las Naciones Unidas se enfatiza en la necesidad de coordinar políticas que aseguren las normas internacionales de respeto a los derechos humanos. Por otra parte, se ahonda en el tema de la militarización de la sociedad guatemalteca el Presidente de la República, ha indicado con respecto a los reclutamientos forzosos, que hasta tanto no se dé una ley sobre este aspecto, sólo se debe reclutar a aquellos que voluntariamente quieran hacerlo. Se indica que no se han dado avances en la desmilitarización del Estado Mayor Presidencial (EMP) puesto que no se ha reducido el número de sus integrantes ni se han modificado sus funciones. Mientras que el sistema policial vigente en Guatemala en 1994 traduce la existencia de una pluralidad de instituciones policiales que responden jerárquicamente a distintos órganos del Estado, que presentan diversos grados de militarización, que son imputados de abuso de poder, corrupción y falta de profesionalismo. El Estado debe garantizar la seguridad ciudadana de forma efectiva para ello es necesario construir un nuevo sistema policial, dependiente de la autoridad civil. En cuanto a la administración de justicia se dice que la reducción de la militarización combinada con un sistema policial efectivo que recupere su prestigio, que conduzca al control razonable de las aciones de delincuencia, necesita de la contribución del organismo judicial. Finalmente se habla de la necesidad de que se cumplan los derechos civiles y políticos, que se acabe con la violación sistemática de los derechos humanos, que el gobierno se encargue de velar por los desplazados internos, que se le garantice las condiciones básicas de vida digna, títulos de vivienda y documentación personal. Sin duda, la reanudación de las conversaciones de paz ha dado a Guatemala un indicio de que se esperan avances concretos y que se puede creer en una paz firme y duradera. OB/ALJ |
|---|