Nicaragua: El problema de la propiedad /

Se estima que la reciente campaña electoral nicaragüense (1996), estuvo falta de contenidos, fue más una guerra de imágenes. A pesar de ello estaba en juego una serie de aspectos importantes como el futuro de Nicaragua, su reactivación económica, la recomposición política y lo que queda aún de la re...

Descripción completa

Guardado en:
Detalles Bibliográficos
Autor principal: Fernández Ampié, Guillermo
Formato: Texto
Materias:
Etiquetas: Agregar Etiqueta
Sin Etiquetas, Sea el primero en etiquetar este registro!
Descripción
Sumario:Se estima que la reciente campaña electoral nicaragüense (1996), estuvo falta de contenidos, fue más una guerra de imágenes. A pesar de ello estaba en juego una serie de aspectos importantes como el futuro de Nicaragua, su reactivación económica, la recomposición política y lo que queda aún de la revolución de los años ochenta. Dentro de esto último se encuentra el problema de la propiedad, un problema que de cualquier forma deberá de ser resuelto por el gobierno que asuma el poder en enero de 1997. Sobre este tema existen dos posiciones: regresar las propiedades a los confiscados durante la revolución, o entrar a una negociación que acabe definitivamente con el problema. La primera propuesta es la de un sector fuerte, integrado principalmente por los afectados (confiscados) y es difícil de realizar, la segunda es la propuesta de los sandinistas. Según datos, durante la revolución se distribuyeron unos 3 millones de hectáreas entre unas 175 mil familias campesinas que no contaban ni con una pequeña parcela para sembradíos de subsistencia. A lo anterior deben sumarse las casas y lotes que el gobierno sandinista entregó en los años 1991-1992 a los desmovilizados de la contra, del ejército y del Ministerio de Gobernación, así como a campesinos que se tomaron por la vía de hecho nuevas propiedades y empresas estatales. En términos generales, este es uno de los problemas más serios que afectan a Nicaragua y en el cual se ven involucradas cerca de 300 mil familias, o sea al menos 2 millones de personas en cuanto a las tierras en disputa son el 40 por ciento de las tierras finca, con lo que se da una idea de la magnitud del problema. A todo lo anterior debe agregarse el capítulo que se abrió con la privatización impulsada por el gobierno de Chamorro, en donde se distribuyó el 25 por ciento en favor de la empresa privada, el 25 por ciento a ex-miembros de la resistencia, 25 por ciento a retirados del ejército y el 25 por ciento restante a trabajadores. En este aspecto también existen problemas serios que el nuevo gobierno debe enfrentar. OB/LOB