De la descentralización de la gestión ambiental y de la participación local real
Se ha puesto en marcha un proceso de redefinición de la gestión ambiental en Costa Rica, que implica una modificación sustancial de los criterios y las formas de acción pública en esa materia. La esencia de ese proceso es la descentralización de las competencias y recursos estatales, a fin de redime...
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| Sumario: | Se ha puesto en marcha un proceso de redefinición de la gestión ambiental en Costa Rica, que implica una modificación sustancial de los criterios y las formas de acción pública en esa materia. La esencia de ese proceso es la descentralización de las competencias y recursos estatales, a fin de redimensionar el rol de los gobiernos y las comunidades locales, en las tareas de conservación y el manejo de los recursos naturales y el propósito principal de este proceso radica en el fortalecimiento del poder de los gobiernos locales en función de una mayor eficacia de la política ambiental del país. Como parte del proceso se han firmado convenios en los cuales se ha acordado trasladar a algunas municipalidades funciones tales como la autorización de concesiones mineras no metálicas, el otrogamiento de permisos forestales, la administración de áreas protegidas y la gestión del ordenamiento territorial. Es necesario aclarar que el proceso de centralización si no es acompañado o complementado con una serie de decisiones y acciones políticas, jurídicas y financieras, lo que puede es generar condiciones para facilitar el proceso de recorte y desmantelamiento estatal, y no necesariamente producirá condiciones para lograr una real y decisiva participación de las poblaciones locales y de sus organizaciones en la toma de decisiones políticas. Eventualmente, las decisiones y acciones complementarias deberían estar orientadas a dotar de los recursos necesarios a los municipios, a abrir una participación real de las poblaciones locales en los procesos de toma de decisiones y a crear espacios y condiciones para que las poblaciones locales y sus organizaciones puedan monitorear y fiscalizar el uso y el destino de los recursos que recibe el Estado. HB/HMBQ |
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