Polémica: la petición de la AFL-CIO contra Costa Rica y su solución mediante la negociación tripartita /

Analiza la decisión de Estados Unidos de apartar a Costa Rica del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), el cual es un sistema de exoneración de aranceles promulgado por el Congreso de Estados Unidos en 1974, y prorrogado en 1984. Por medio de éste se facilita el ingreso a muchos productos prov...

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Autor principal: Zúñiga Morales, Pablo
Formato: Texto
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Sumario:Analiza la decisión de Estados Unidos de apartar a Costa Rica del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), el cual es un sistema de exoneración de aranceles promulgado por el Congreso de Estados Unidos en 1974, y prorrogado en 1984. Por medio de éste se facilita el ingreso a muchos productos provenientes de los países del Tercer Mundo al mercado estadounidense. En términos de dólares para Costa Rica representa unos 320 o 330 millones de dólares anuales. Estas leyes han beneficiado a las exportaciones costarricenses, gracias a que el país ha cumplido con ciertos requisitos necesarios conocidos como "la cláusula social", que es el resultado de los grupos de presión que han promovido en ese país la defensa de los derechos humanos y laborales y que buscan terminar con la discriminación y la explotación humana. Dentro de estos grupos de presión se citan las Comisiones de Derechos Humanos y las Organizaciones que luchan contra el racismo. La ley de comercio de Estados Unidos promulgada en 1988 consideró que las violaciones a los derechos de los trabajadores son una práctica comercial irrazonable y se establecieron sanciones a los países exprotadores y una de ellas fue la suspensión de las conseciones arancelarias otorgadas mediante acuerdos comerciales. La sanción para Costa Rica responde al no cumplimiento de la libertad de asociación de los trabajadores, por no garantizar de forma efectiva la libertad sindical y la negociación colectiva, por mantener una política de salarios que discrimina a los trabajadores del sector privado, por sostener una legislación discriminatoria del sindicalismo frente al solidarismo, entre otras cosas. Como posible solución se plantea un diálogo donde participen los tres sectores involucrados: el Estado, los empleadores y, los trabajadores, representados por el movimiento sindical, con el fin de promulgar una legislación que garantice a los trabajadores el libre ejercicio de organizarse en sindicatos, el acuerdo debe comprender las acciones legislativas para dar cumplimiento a las prevenciones de la Organización Internacional del Trabajo, para hacer compatibles con la cláusula social. OB/MR