Los menores en la agenda de gobierno /

El artículo contiene dos análisis. Por un lado el estudio de los "menores" como problema público y de la implementación de un dispositivo institucional en torno al mismo. El énfasis está puesto en vislumbrar el uso del término menores como categoría definida por agencias estatales (policía...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Moro, Javier
Formato: Texto
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100 |a Moro, Javier  
245 |a Los menores en la agenda de gobierno /  |c Javier Moro 
520 |a El artículo contiene dos análisis. Por un lado el estudio de los "menores" como problema público y de la implementación de un dispositivo institucional en torno al mismo. El énfasis está puesto en vislumbrar el uso del término menores como categoría definida por agencias estatales (policía, sistema judicial e institucional gubernamentales de asistencia a la infancia) y aplicada a cierto sector de la infancia y de la adolescencia. Por otro, es un planteamiento teórico en cuanto al análisis de la definición del problema como momento clave dentro del proceso de elaboración de las políticas públicas. Para describir el proceso de elaboración de las políticas públicas el autor llama la atención sobre el sistema de minoridad en Argentina ¿Cuándo los menores de edad se vuelven un problema público? ¿Quién y cómo lo define? ¿Cuándo se produce la primera toma de posición al respecto por parte del Estado? ¿cómo se mantiene o no el asunto en la agenda de gobierno? ¿ Qué cambios se producen en la definición a través del tiempo, si es que los hubo? Se menciona que el Estado debe seguir lineamientos políticos centrales para que los principales actores estatales puedan producir un cambio, entre ellos: la necesidad que empiece a operar una nueva definición del problema   |a sacar las políticas asistenciales y proteccionistas de los mismo ámbitos institucionales desde los cuales se "castiga" o se "penaliza" a menores de edad que cometieron alguna infracción a la ley penal   |a en cuanto a los adolescentes de quienes se sospecha la comisión de algún delito debe proporcionarse un proceso legal con todas las garantías de debido proceso y legítima defensa que expresan en la Convención y por último se menciona la necesidad que la escuela debe ser el eje a partir del cual articular políticas sociales para la infancia y la adolescencia de los sectores sociales más postergados. HMBQ/HMBQ  
650 |a POLITICAS PUBLICAS  
650 |a ESTADO  
650 |a ASPECTOS JURIDICOS  
650 |a JUVENTUD  
650 |a PROBLEMAS SOCIALES  
650 |a ASPECTOS POLITICOS  
650 |a ASPECTOS SOCIALES  
773 |g volumen 6, número 10; páginas 139-162  
999 |c 28619  |d 28619