Los Derechos Humanos en Guatemala durante la administración Serrano, analizados en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos -OEA-
Según el informe sobre Derechos Humanos que cubre de 1991 a 1993, Guatemala es uno de los países centroamericanos donde se da mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos. Ocho de los diez millones de guatemaltecos no puede cubrir eficientemente sus necesidades básicas y, cinco millones está...
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| Sumario: | Según el informe sobre Derechos Humanos que cubre de 1991 a 1993, Guatemala es uno de los países centroamericanos donde se da mayor cantidad de violaciones a los derechos humanos. Ocho de los diez millones de guatemaltecos no puede cubrir eficientemente sus necesidades básicas y, cinco millones están en situación de indigencia". La mayoría de los maya-quiché son discriminados de diferentes formas y por diversas instituciones, oficiales o privadas y el Estado es el principal ejecutor y organizador de esta discriminación y en especial, las fuerzas de seguridad. La prensa y los medios de comunicación también sufren estas violaciones, lo mismo que estudiantes y sindicatos. La militarización abarca prácticamente todo el país y es un factor de temor crónico para los habitantes y un obstáculo para el funcionamiento del sistema democrático. La situación socioeconómica es muy grave, para la cual se ofrecen algunos indicadores económicos y sociales, el 77 por ciento de las familias vive bajo la línea de pobreza, la mortalidad infantil es de 57 por mil, el 58 por ciento de la población sufre malnutrición crónica, el 45 por ciento de la población adulta es analfabeta, el 2 por ciento de los propietarios poseen el 72 por ciento de las tierras cultivables, mientras que 548 mil minifincas no llegan a los cuatro acres y gran cantidad del campesinado no tiene acceso a la propiedad ni al crédito. Enfatiza en la importancia de respetar el derecho a la vida y a la integridad personal, ya que en 1993 se dieron 387 ejecuciones extrajudiciales, un 30 por ciento menos que en 1991. Para finalizar analiza otros aspectos como el reclutamiento ilegal para el servicio militar, la situación de los refugiados y desplazados y, el ataque del ejército a las aldeas. OB/MR |
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