PRESENTACIÓN

El presupuesto abstracto del poder político es el bien común. Eso quiere decir que, idealmente, la sociedad otorga a algunos de sus miembros la capacidad de dirigirla con base en una cuota mayor o menor de poder, con el fin de que sea utilizada en beneficio de la totalidad de la sociedad. Por ello,...

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Detalles Bibliográficos
Autor principal: Camacho Monge, Daniel
Formato: Online
Publicado: Universidad de Costa Rica 2013
Acceso en línea:https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/sociales/article/view/10781
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Descripción
Sumario:El presupuesto abstracto del poder político es el bien común. Eso quiere decir que, idealmente, la sociedad otorga a algunos de sus miembros la capacidad de dirigirla con base en una cuota mayor o menor de poder, con el fin de que sea utilizada en beneficio de la totalidad de la sociedad. Por ello, en abstracto, la atribución más importante de quien ostenta el poder, es la de identificar el común denominador entre los intereses diversos y contradictorios existentes en la sociedad y, con esa base, tomar decisiones ubicadas en el punto de equilibrio entre la satisfacción máxima y el perjuicio mínimo. En eso consiste el buen gobierno. Para el logro del bien común, todas y todos deben renunciar a algo y, asimismo, lograr algo. Hasta en la organización política más primitiva en las profundidades de la historia, esa es la base del poder legítimo. Sin embargo, aparte de esa proposición abstracta, lo concreto a lo largo de la vida social, ha sido que el poder político se ha ejercido desequilibradamente y en favor de quienes ostentan otros poderes en la sociedad. Por ello, la experiencia muestra cuán difícil y raro ha sido el ejercicio justo del poder y cuán frecuentes han sido en la práctica los abusos en favor de unos y en perjuicio de otros, aun cuando la formulación abstracta formulada líneas arriba siga siendo el dessideratum de la sociedad.Este número de la Revista de Ciencias Sociales se dedica a estudiar algunas manifestaciones concretas de ese fenómenoUna de las manifestaciones más claras del abandono, por parte de quienes ostentan poder político, de la búsqueda del bien común y su sustitución por la búsqueda del beneficio propio, es la corrupción. Se trata de un fenómeno omnipresente en el ámbito público desde épocas inmemoriales, pero que se adapta y toma nuevas formas según la época y el lugar. En el primer artículo incluido en este número, Fernando Artavia Araya, intenta conceptualizar la corrupción, es decir, se propone nada menos que convertir el término en una categoría de análisis científico. Trata de aplicar su propuesta categorial en el análisis de dos de los casos más sonados de corrupción política acaecidos en Costa Rica, los cuales se encuentran en trámite en los tribunales al momento de escribir estas líneas. Se trata de los llamados caso Caja Costarricense de Seguro Social-Farmacia Fischel y caso Instituto Costarricense de Electricidad-ALCATEL. En esos casos están citados desde ex-presidentes de la República hasta una variedad de funcionarios y exfuncionarios públicos de diversos niveles. Artavia analiza esos casos no de un modo cualquiera, sino aplicando el marco conceptual que construye con aportes de otros autores y los suyos propios.Su contribución es todavía más apreciable en la medida que culmina con propuestas de medidas políticas para disminuir la vulnerabilidad frente a la corrupción.Otro aspecto del abuso del poder, pero en sentido más difuso, se encuentra en el artículo de Francisco Entrena Durán sobre el condicionamiento de los hábitos alimentarios en el marco de la globalización. Aparte de que la globalización en sí misma no es positiva ni negativa, ya que depende del tipo de globalización de que se trate, Entrena sí atribuye a las características específicas de la globalización concreta que estamos viviendo, una modificación de los hábitos alimentarios con consecuencias nefastas, tales como la pérdida de la soberanía alimentaria y la desterritorialización del consumo y el cultivo de alimentos. Pero va más allá, porque muestra que esas circunstancias tienen un efecto debilitador sobre la identidad local o nacional de las poblaciones. Con ello destierra el argumento unilateral de que debemos dejar de producir ciertos artículos si eventualmente se pueden comprar más baratos en el exterior, lo cual, a la luz del argumento de Entrena, resulta una propuesta lastimosa. Aparte de que el mejor precio se da, y así la experiencia lo demuestra, solamente mientras se termina de destruir la producción local.Lucy M. Cohen presenta un ejemplo histórico de ejercicio de poder en el campo laboral, en una época histórica costarricense que se ubica en los años setenta del siglo diecinueve. Se trata de la introducción a Costa Rica, de trabajadores chinos contratados provenientes de Macao. Los descendientes de estos trabajadores forman hoy parte apreciada de la sociedad costarricenses y en su casi totalidad, gracias a su espíritu tesonero, exhiben una buena posición social y económica. Pero en aquel momento, las características y condiciones de su traslado y de su introducción en el país fueron de bastante dureza y denotaban una relación de poder muy desigual y hasta reprobable, a la luz de los conceptos sobre la igualdad no sólo actuales, sino de la época.Los dos artículos siguientes de nuestro TEMA CENTRAL tienen que ver con lo simbólico y su papel en el ejercicio del poder. Guillermo Brenes Tencio estudia las ceremonias para jurar la fidelidad al Rey Fernando VII, en la ciudad de Cartago en 1809. El Rey no podía estar presente en toda la extensión de su vasto reino, pero es sustituido por su símbolo, el cual puede ser discursivo o iconográfico. Se le jura fidelidad porque, como lo decíamos al principio, se espera de él que garantice el bien común aunque en el poder absoluto que ejercía, este se interpretaría en favor de sí mismo o de sus aliados.De igual manera el artículo de Arnaldo Moya Gutiérrez se ubica en el plano de lo simbólico pero, al contrario del anterior, en sentido negativo. Al presidente de México, Porfirio Díaz, la simbología política lo denigra porque, a partir de 1910 los símbolos políticos deben exaltar la Revolución Mexicana, la cual sentó las bases de la nueva organización del Estado. Toda la legitimidad se reclamaba para esa nueva forma de poder surgido de la revolución que derrocó a Porfirio Díaz. Moya en un poco frecuente enfoque lo reivindica y reclama para él una simbología más positiva de la que anida en el imaginario popular de la nación mexicana de la cual, según el autor, Porfirio Díaz es “el padre” de su modernidad. Un claro ejemplo del papel preponderante del símbolo en la legitimación del poder.Como es nuestra costumbre, este número cierra con varios artículos de temas variados que no tienen relación directa con el tema central, pero que cumplen con la alta calidad académica que se exige en nuestra publicación.Ciudad Universitaria Rodrigo Facio Marzo, 2008Dr. Daniel Camacho Monge Director