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Soldados como empresarios: los negocios de los militares en Centroamérica
Fundación Arias para la Paz y el Desarrollo Humano
Inicia el texto con los antecedentes históricos del ejército de Guatemala, el cual a partir de la revolución liberal de 1871, pasó a ser una institución central en la vida política del país. Se describe la abrumadora presencia de los militares en el poder, y cuál fue la "intensidad" y las "características" en el ejercicio del poder. Se desarrolla el conflicto entre la guerrilla guatemalteca con el ejército y la facilidad con la que adoptó la "Doctrina de la Seguridad Nacional". Se describen ampliamente dos instituciones del ejécito: el Instituto de Previsión Militar (IPM) y el Banco del Ejército S.A. En relación con el primero, el cual fue creado por el Decreto-Ley 455 del 27 de abril de 1966 y publicado en el Diario Oficial el 30 de ese mismo mes e inició sus operaciones el 1 de julio siguiente, es una entidad descentralizada del Estado, que propone garantizar a sus afiliados una adecuada prestación para su retiro, facilitarles los medios económicos para su subsistencia en caso de invalidez y otorgar a sus familias la protección económica correspondiente en caso de fallecer el afiliado. Sólo los oficiales y los especialistas son afiliados al IPM, los reclutas no cotizan, y tienen derecho a las siguientes prestaciones: seguro de sobrevivencia, seguro de vida e indemnización por invalidez. Respecto al Banco del Ejército, se organizó como una entidad mixta y se define como un banco con funciones comerciales, hipotecarias y de fomento, se creó a través de Decreto 40-71 del 4 de mayo de 1971, se describe de forma detallada la organización del Banco y la importancia relativa en la economía guatemalteca, estableciéndose que el posicionamiento del Banco del Ejército dentro del Sistema Bancario Nacional ocupa el décimo segundo lugar dentro de treinta y tres bancos que son los que tiene Guatemala. Algunas opiniones respecto a la participación de los militares en la economía coincidieron en señalar que existe una desigualdad de trato otorgado por el Estado al IPM frente a los demás regímenes de pensión, que el monto asignado anualmente como cuota patronal para el IPM es superior al establecido para el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social y que no hay trasparencia en las operaciones del IPM. Se concluye que debe existir trasparencia y controles en las actividades desarrolladas por las instituciones militares. SBR/SBR