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La aplicación de los Programas de Ajuste Estructural (PAE) en Centroamérica ha respondido tanto a las urgencias internas como a las presiones de diseño externo impuestas por los organismos financieros internacionales como el FMI y el Banco Mundial. Se ha querido dar solución a los problemas económicos por la vía del mercado, fijando en el Estado, la responsabilidad de todos los males y en el mercado, la solución de todos los problemas. Es evidente que la aplicación de los PAE en Centroamérica no ha favorecido en nada a los pobres que son la mayoría de la población. Entre los efectos de los PAE en Centroamérica se mencionan: la desarticulación de la agricultura de los productos tradicionales aumentando la inseguridad alimentaria, se ha incrementado la dependencia con relación a las economías desarrolladas, se ha concentrado la riqueza y el ingreso, empeorando los niveles de distribución de los ingresos, se han profundizado los niveles de endeudameniento debido a la falta de transferencias reales de recursos de las economías desarrolladas a la región, se ha reducido el Estado vía programas de movilidad laboral "voluntaria" y privatización de empresas, así como se ha dado una reducción de los presupuestos de salud y educación en síntesis, la pobreza en Centroamérica ha alcanzado un 70 por ciento y la perspectiva económica y social es realmente alarmante, por ello los PAE se contradicen con la realidad actual. Por otra parte, según estas políticas neoliberales, el Estado es el culpable de todo preconizan sin embargo que el Estado no debe de desaparecer, sino transformarse, aumentando los presupuestos de seguridad y reduciendo la capacidad económica de los programas de salud y educación, un Estado que destruya los movimientos populares. En este estado de cosas, a los organismos financieros internacionales se los percibe como los nuevos violadores de los derechos humanos, a causa de todos los daños que han provocado con sus políticas en los países de la región. OB/ALJ
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