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Según la propuesta de la ONU, el 15 de diciembre de 1992 debería de acabar el desmantelamiento de la estructura militar del FMLN y por otra parte, el gobierno encabezado por Cristiani deberá de haber cumplido con los compromisos contraídos, tales como la transferencia legal de tierras, la legalización del FMLN, la disolución de la Dirección Nacional de Inteligencia y la desmovilización del batallón élite Atlacalt, entre otros. El proceso originalmente debería de haber concluído en octubre de 1992 pero el incumplimiento del gobierno provocó un transitorio estancamiento. El gobierno ha tratado de minimizar sus compromisos, especialmente todo lo relacionado con la depuración de las fuerzas armadas y la entrega de tierras como respuesta el FMLN postergó la tercera desmovilización fechada para el 30 de septiembre, otro punto que preocupa a la guerrilla es la tardanza en la formación de la Policía Nacional Civil y la aplicación de las reformas al sistema judicial. Debido a estos desacuerdos y fricciones entre las partes en conflicto, la ONU propuso una recalendarización extendiendo el plazo hasta el 15 de diciembre, la guerrilla aceptó rápidamente la disposición pero el gobierno mantuvo una posición ambigua, aceptando la propuesta de la ONU pero a la vez anunciando la decisión de suspender todo lo concerniente al plan de reducción, reestructuración y desmovilización de las fuerzas armadas, afirmando que reanudarían este proceso en el momento en que se destruyera en forma total el armamento del FMLN. En síntesis se puede afirmar que los puntos de fricción han sido la desmovilización y depuración de las fuerzas armadas y la transferencia de tierras, por lo que será importante la mediación de la ONU con el fin de que el proceso de pacificación llegue a alcanzar sus metas verdaderas en una nación tan conflictiva como El Salvador. OB/MR
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