Costa Rica: la crisis se agudiza - Riba Bazo, Jorge Gerardo
Analiza la crisis costarricense señalando que para 1989 el 25 por ciento de la población no satisfacía sus necesidades básicas y un 15 por ciento se encontraba en situación de extrema pobreza, mientras que unas 250 mil personas ganaban su sustento en el sector informal, esto és, una cuarta parte de la fuerza laboral del país. Si bien es cierto, el gobierno de Oscar Arias tuvo gran resononcia a nivel internacional, no ocurrió lo mismo en el plano nacional, la situación social desmejoró notablemente. Durante la administración Calderón Fournier la característica fue la aplicación de medidas neoliberales: se elevaron las tarifas de la mayoría de los servicios públicos, incluso, se elevó el impuesto de ventas de un 10 a un 13 por ciento y se anunció una reestructuración del Estado, cuya primera medida sería el despido de 7,000 trabajadores. Para finales de 1990, el incremento de los precios fue de 27,2 por ciento según cifras oficiales, la tasa de inflación más alta desde la crisis de 1979-1983. Se puso en práctica el plan de promoción social con el fin de atender las necesidades más apremiantes de alimentación y vivienda y se crean el bono alimentario y el de la vivienda, pero la entrega de éstos se hace, en muchos casos, con criterio partidista, además, el número de los bonos no tiene relación con la población del país. La política salarial fue restrictiva, los incrementos salariales tanto en el sector público como en el privado estuvieron por debajo del índice de inflación. Los aumentos en el costo de la vida y la política de despidos han causado un creciente descontento popular, descontento que el movimiento sindical no ha sabido canalizar. No existen grandes diferencias ideológicas entre los partidos políticos mayoritarios PUSC y PLN, la principal diferencia es la intensidad con la cual se aplica el ajuste estructural por parte del gobierno de Calderón Fournier. OB/MR