Ajuste estructural, sociedad y elecciones - Sojo Obando, Carlos
Este trabajo se inicia con el análisis de la cuestión electoral, tanto actual (1992) como de las tres campañas anteriores (1982, 1986 y 1990). El autor señala que, por diferentes que hayan sido, los cuatro momentos tienen dos cosas en común: 1.- una apelación insistente a los pobres: el problema alrededor del cual giran la mayoría de las plataformas propagandísticas es la atención de las necesidades económicas y sociales de los grupos menos privilegiados y 2.- la presencia de una negociación sobre paquetes de reformas económicas, asociados con préstamos aportados por los grandes organismos financieros multilaterales. Además señala que los dos partidos mayoritarios tienen una lógica común: en la oposición, es preciso impugnar los planes económicos en favor de la atención de la pobreza porque la mayoría de los votantes no son empresarios preocupados por el alto déficit fiscal en el gobierno, es indispensable adoptar las medidas de ajuste económico que exigen los organismos multilaterales a cambio de su financiamiento. Por otra parte, apunta que el propósito primario de las políticas de ajuste, independientemente de lo que los teóricos neoliberales aseguren, ha sido lograr crecimiento y estabilidad a corto plazo. Y agrega que el conjunto de políticas económicas que se denomina ajuste estrcutrual en Costa Rica presenta, en suma, dos características básicas: primero, se coloca por encima de la disputa partidaria, adquiriendo así condición de inevitable y, segundo, su aplicación se adecúa a las exigencias de la estabilidad política del sistema, produciendo un movimiento oscilatorio entre la medida socialmente onerosa y la recompensa posterior a los sectores particularmente afectados o potencialmente peligrosos. Antes del análisis del PAE III, el autor hace una reflexión acerca del tipo de sociedad (situación del país) que recibirá el gobierno de 1994. Posteriormente, se discuten algunos de los aspectos más relevantes derivados de los compromisos adoptados por el gobierno en el marco del PAE III, basado en la premisa de que el efecto de la aplicación de los PAE debe verse en una doble dimensión: 1.- está el uso de los recursos derivados del préstamo y 2.- la ejecución de las reformas jurídicas e institucionales que demanda el paquete de condicionalidad. MB/MR