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Comentario sobre el proceso de privatización en el servicio eléctrico que sufre El Salvador y cómo afectará éste a los grupos menos privilegiados. Se describe el proceso de la llamada "amarga transición", y como parte de ella, cada tres meses durante 1998, habrá aumentos en las tarifas eléctricas, hasta eliminar el subsidio estatal. Se analiza la constitucionalidad de dichas medidas, pues son contrarias a lo establecido en el artículo 110 de la Constitución Política salvadoreña. Finaliza el texto con una cita de Juan Pablo II respecto a la solidaridad en tiempos de la globalización. SBR/SBR