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El informe de la verdad sobre las violaciones a los derechos humanos en El Salavdor ha dejado al descubierto a muchas personas que se ampararon en su posición política para llevar a cabo estos delitos. La Comisión de la Verdad estuvo integrada por el expresidente colombiano Belisario Betancur, el excanciller venezolano Reinaldo Figueredo y el expresidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos Thomas Burgenthal. La Comisión recibió el testimonio directo de más de 2000 mil personas en relación a los casos de una 7000 víctimas. Entre los principales hechos investigados se encuentran los casos del Mozote, el asesinato de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, la muerte de seis Jesuitas durante la ofensiva de 1989, la violación y asesinato de cuatro religiosas estadounidenses y el ajusticiamiento de una decena de alcaldes, entre otros. Como parte de las conclusiones se indicó que el alto mando salvadoreño, la vieja guardia de la gubernamental Alianza Republicana Nacionalista (ARENA) y al menos dos dirigentes de la cúpula del FMLN son culpables de varios de estos crímenes, tal es el caso del asesinato de los Jesuitas en relación con el cual se señaló entre los culpables al Ministro de Defensa Emilio Ponce, a los generales Rafael Bustillo, Gilberto Rubio y Orlando Zepeda y a los coroneles Inocencio Orlando Montano y Francisco Fuentes. Ante dicha situación el Presidente Cristiani buscó la forma de lograr un consenso en el parlamento con el fin de aprobar una amnistía especial para los implicados en las investigaciones ya que entre ellos se encuentran dos comandantes rebeldes: Joaquín Villalobos y Ana Guadalupe Martínez, acusados de ajusticiar al menos a once jueces. A nivel político el partido más afectado fue el oficialista ARENA, al que se le culpa de haber organizado los temidos escuadrones de la muerte, pero a pesar de las acusaciones lograron aprobar la ley de amnistía general. OB/ALJ
Instituto Centroamericano de Estudios Políticos