Privatización, democracia y equidad - Rivas Ríos, Francisco
En marzo de 1995 se llevó a cabo en Ecuador un seminario regional sobre alternativas de cooperación pública y privada, para el desarrollo urbano en América Latina y el Caribe, en el que se ahondó a su vez en la privatización de los servicios urbanos básicos. Se analizó los problemas y avances del proceso deprivatización de los servicios urbanos básicos en el Tercer Mundo y concretando en América Latina. La década de 1980 sirvió para cuestionar el papel del Estado como instrumento idóneo para promover la equidad, la eficiencia y el desarrollo, de allí que se tendiera a la privatización y a los procesos de mercado pero luego de transcurrida toda una década el balance no es tan positivo, tal parece que los mejores momentos de la privatización quedaron en el pasado y que los mismos organismos financieros internacionales procurar corregir el rumbo. En este giro ha sido importante el papel de los sindicatos, de los ONGs y de los distintos grupos de intereses que lograron persuadir a una parte de la opinión pública de los riesgos de la privatización, pero existen aspectos que no han sido aclarados completamente como el temor de que los más pobres sean excluídos de los servicios privatizados o no puedan pagarlos el pasar de un monopolio público a uno privado y la pérdida de control público de los servicios esenciales. En otras ocasiones, las empresas privadas se han mostrado incapaces de prestar un buen servicio a precio razonable, además de que la privatización ha conducido en algunos casos a un incremento importante de los costos. Las naciones pueden dar mayor importancia a otros valores como el control nacional, control democrático, responsabilidad local, propiedad pública, desarrollo de la sociedad civil, promoción del empleo, entre otros. Además, se debe buscar la forma de mejorar los servicios sin introducir los mecanismos de mercado y sin importar enfoques de gestión del sector privado al sector público se pone como ejemplo la descentralización acompañada de una participación activa de la población civil en la prestación y producción de los servicios. OB/ALJ