Ley transitoria de emergencia contra la delincuencia y el crimen organizado (primera parte)
La Ley Transitoria de Emergencia Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado, es un medio que brinda al Estado la potestad legal de controlar la violencia con más violencia. Se exponen los diversos artículos que componen esta Ley, se indica que el fin primordial de esta es el "lograr mayor eficacia en la aplicación de las sanciones penales, regular el procedimiento especial aplicable en la investigación y juzgamiento de los hechos punibles, con la finalidad de combatir de forma eficiente el incremento de la delincuencia". Dentro de los delitos sujetos a la ley se citan el homicidio (doloso y agravado), las lesiones graves, violaciones, rapto, secuestro, amenazas agravadas, hurto calificado, robo, extorsión, tenencia, portación y conducción de armas de guerra, enriquecimiento ilícito, peculado, negociaciones ilícitas, cohecho pasivo y organizaciones internacionales delictivas. Las penas por estos hechos los determinará el Código Penal, aumentados en una tercera parte del límite máximo, aún cuando exceda los treinta años. Con respecto a las personas que formen parte de una organización delictiva se le sancionará con prisión de uno a tres años. A la vez, a los promotores de las agrupaciones se les castigará con una pena de dos a cinco años. Estas son algunas de las aplicaciones de la nueva Ley de Emergencia contra la violencia, la cual muchos estiman atenta contra la idea de un sistema político democrático como el que quiere poner en práctica El Salvador luego de la firma de paz entre el gobierno y la guerrilla en el año de 1992. OB/LOB