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En los últimos años, en Costa Rica se ha incrementado la injusticia social, cada vez es más amplia la brecha que separa a las clases sociales. A pesar de que se ha generado gran cantidad de nuevos empleos, esto no se refleja en la mejora de la calidad de vida de los costarricenses, por el contrario, las mujeres han debido ingresar al mercado laboral como mano de obra barata, para ayudar a los gastos familiares. Estas mujeres sufren entre otras cosas la desigualdad educativa, discriminación salarial y discriminación sexual. Se considera que el número de mujeres que no alcanza a percibir por su trabajo lo suficiente como para mantener un núcleo familiar básico fuera de la pobreza es, en San José, más del doble que su correspondiente masculino. Al examinar la distribución del ingreso por hogares, se señala que los hogares del sector más rico han acumulado, en promedio, 29 veces más ingreso que el sector más pobre con ello se refleja la tendencia a la acentuación de las diferencias socioconómicas entre los diversos estratos de población. A ello se le agrega que uno de cada tres asalariados tiene ingresos inferiores al mínimo, hecho que coincide a su vez con un comportamiento declinante de la productividad media del trabajo. Dentro de los problemas sociales más serios, se indica que el déficit de vivienda constituye sin duda uno de ellos éste se ha gestado en el largo plazo y adquirió características dramáticas en la década de 1980 y continúa creciendo. Por todo lo anterior se asegura que la acción redistributiva del Estado y su inversión social tienen todavía un papel importante en la provisión de servicios sociales destinados a distintos sectores en particular a las personas más pobres. La acción estatal es, ante todo, necesaria en el campo de la inversión de capital humano pues de ello depende la expansión, así como la mejoría en los niveles de educación secundaria, técnica y superior. OB/LOB