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En este se plantea que la constitución de una agenda económica feminista se basa en la comprensión de la desmercantilización del bienestar y la reubicación de las tareas de cuidado como categoría económica, articuladas a propuestas aún en construcción referidas al "buen vivir" y acríticas al desarrollismo tradicional. No obstante, las políticas públicas, pese a algunos avances, siguen sin incluir una dimensión de género en el bordaje económico. Esta situación constituye un desafío para el feminismo y lo obliga a estudiar más en profundidad la relación entre la economía y las diversas fuentes de desigualdad.