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Según la ley guatemalteca, no puede optar a cargos de Presidente o Vicepresidente de la República "el caudillo, ni los jefes de un golpe de Estado, revolución armada o movimiento similar, que haya alterado el orden constitucional, ni como consecuencia de tales hechos, asuman la jefatura del gobierno". Sin embargo, Ríos Montt ha postulado su nombramiento a la presidencia, amparado en una gran campaña publicitaria en la no retroactividad de la ley y en las estipulaciones de la Convención Americana de los Derechos Humanos. La Corte Constitucional se mostró en contra de su candidatura, pero Ríos Montt no aceptó la decisión y señaló que la última palabra la tiene el Tribunal Supremo Electoral. El "si" o el "no" a esta candidatura se convierte en un importante elemento del proceso democrático, pues la decisión plantea el peligro de una crisis institucional, ya que las interpretaciones han adquirido carácter político. Sin embargo, la candidatura ha cobrado popularidad debido a factores como: la ola de violencia originada en gran medida por la crisis económica, las denuncias de corrupción e ineficiencia en algunos sectores de la administración pública, a la influencia del protestantismo al que pertenece el postulante a candidato y, el vacío político creado por candidaturas civiles sin respaldo social definido. Para 1974, Ríos Montt se postula a la presidencia en una coalición centroizquierdista también respaldada por el partido gobernante actual, la Democracia Cristiana, pero tras el triunfo por medio de fraude fue enviado al exterior como embajador, mientras la resistiencia civil era aplacada en las calles en 1982 Ríos Montt llega a la presidencia por medio de un golpe de Estado y, en 1983 fue destituído por otro golpe de Estado encabezado por Mejía Víctores y apoyado por Estados Unidos. OB/MR
Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales