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Los problemas de vivienda en Panamá son sumamente graves y alcanzan niveles de crisis nacional. Para noviembre de 1993 se dio una serie de desalojos en las comunidades de Los Laureles, en San Carlos, distrito de David, provincia de Chiriquí. Luis Alberto Pitty, uno de los voceros de las familias desalojadas afirma que "las autoridades cometieron abusos y atropellos contra la vida de los seres humanos que estábamos allí (mujeres, niños y hombres de diferentes edades). Se nos atentó por ocupar una tierras municipales, porque no tenemos donde vivir, ni un pedacito de tierra para construir. Estamos ahí por eso porque lo necesitamos". Los desalojos fueron ordenados por el Alcalde Municipal Amílcar Castillo, con la aprobación del Consejo Municipal. El problema habitacional en Panamá ha alcanzado cifras sin precedentes, pero igualmente críticas son las condiciones económicas y de empleo que maneja el Ministerio de Trabajo panameño, ya que de una población activa estimada en 920.541 personas, hay 125.427 desocupados. Tomando en cuenta estas situaciones es que se le hacen al gobierno algunas sugerencias, entre ellas, medidas destinadas a evitar los desalojos y la violencia contra los pobladores precaristas para ello se debe reconcoer las causas primarias económicas, políticas y sociales, debe reconocerse que el origen de dicho problema es la ausencia de políticas específicas del Estado orientadas a solventar la aguda crisis habitacional y económica del país. Se deben aplicar medidas apropiadas y acordes con los compromisos adquiridos por el Estado a través de los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, se debe proteger a la población afectada por la carencia de vivienda, la carestía económica y el desempleo, incluyendo en ello políticas de higiene, salud y techo y la garantía a sus derechos civiles y políticos. A todo ciudadano se le debe tratar como persona, teniendo presente que sus aspiracines solo pueden ser satisfechas dentro de un orden social justo y equitativo. OB/ALJ