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Los problemas políticos de Nicaragua han llegado al límite: hechos como el secuentro de la Comisión de Paz, integrada por diputados sandinistas y funcionarios gubernamentales, a manos de un grupo "recontra" y la respuesta de un grupo de ex militares sandinistas que tomaron como rehenes a dirigentes de la Unión Nacional Opositora (UNO), evidencia la fragilidad política del país, a pesar de que ambos hechos se resolvieron pacíficamente. Todo empezó a complicarse cuando el senador Jesse Helms impulsó un proyecto en el Congreso de Estados Unidos que pretende la suspensión de la ayuda económica prometida a Nicaragua de aprobarse, se estaría condicionando la ayuda a que los miembros del gobierno prueben que ninguno se encuentra ligado a intereses militares o al terrorismo internacional. En lo relacionado con el secuestro de la Comisión de Paz, circuló el rumor de que habían sido políticos de la UNO los que lo habían ejecutado ya que insistían en las destituciones de Lacayo, el general Humberto Ortega y el coronel Cerna. Las sospechas se fundan en las reuniones que Godoy sostuvo con el FN-80 tres días antes del secuestro y en las reuniones de Alfredo César con los "recontras". Cinco días después del secuestro, se liberó a los rehenes a cambio de la creación de una comisión que estudiaría las demandas políticas de los secuestradores y la declaración de zona de seguridad del lugar en donde se encuentran instaladas las fuerzas del FN-80 a su vez, los secuestradores se comprometieron a dar una tregua de 60 días en tanto el EPS se acantona en los poblados de la zona, con el fin de lograr que los recontras no se acerquen a menos de tres kilómetros. Como resultado de los secuestros, el gobierno de Chamorro se vio fortalecido, recibió mucho apoyo por parte de distintos representantes latinoamericanos y de Estados Unidos. Después de todos los sucesos, muchos opinan que ha llegado el momento de dar una salida política a la crisis nicaragüense, dejando atrás la violencia. OB/ALJ
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