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Estado, militarización y movimientos reivindicativos 1986-1992
Con el cambio del régimen político en 1986, Guatemala experimentó una apertura de espacios para el crecimiento cualitativo y cuantitativo del movimiento indígena y popular en general, permitiendo la posibilidad de concretar alianzas más amplias, permanentes y coyunturales con sectores afines como la Unidad de Acción Sindical y Popular (UASP), la cual reúne diversas organizaciones indígenas, sindicales y campesinas. Entre 1986-1992, se sentaron las bases legales para implementar la lucha por los derechos humanos, reivindicación que se constituyó en un argumento central del movimiento popular en la medida que permitió la denuncia, tanto a nivel nacional como internacional, de la situación imperante en Guatemala. Con ello se logró el respeto al accionar reivindicativo de las organizaciones, disminuyendo las acciones represivas por parte del Estado. Sin embargo, el nuevo régimen democrático burgués, continuó impulsando la política contrainsurgente para el control del movimiento guerrillero y de los actores populares organizados, al mismo tiempo que impulsó un mayor grado de consenso. Ello llevó a que los gobiernos de Vinicio Cerezo y Jorge Serrano Elías intentaran pacificar el país con acciones militares y eminentemente políticas como el diálogo y la negociación con la guerrilla. Con ello se obligó a las organizaciones populares en general y a las indígenas en particular a adecuar sus formas de lucha a las condiciones establecidas una consistió en evitar que las fuerzas de seguridad los vincularan con las organizaciones subversivas y la otra fue la adhesión a instancias humanitarias, de desarrollo o religiosas, acciones que en alguna medida evitaron las acciones represivas en su contra. OB/LOB